Número de muertes violentas de mujeres continúa en aumento
Noticias Aliadas – A pesar de que Honduras es signatario de dos importantes convenciones en materia de derechos de las mujeres y ha aprobado leyes que las protegen, el Estado tiene aún la venda en los ojos ante la realidad que desangra a las mujeres en el país, señala Nohemy Dubón, defensora de los derechos de las mujeres.
En el 2013 se produjeron 635 muertes violentas de mujeres entre un rango de edad de 20 y 30 años, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el 2012, el mismo observatorio confirmó 606 muertes violentas de mujeres, de los cuales el 52.6% correspondieron a feminicidios, con 319 muertes.
Según datos del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, conocido como Las Chonas, cada 12 horas una mujer es víctima de muerte violenta y el 97% de los casos permanecen en la impunidad. Las Chonas han registrado más de 40 muertes violentas de mujeres en los dos primeros meses de este año.
Honduras es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, así como de convenios de la Organización Internacional del Trabajo como el 100 sobre la igualdad de remuneración, el 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, y el 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Además, existen leyes nacionales como la Ley contra la Violencia doméstica y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
A pesar de que después de más de 10 años de luchas para que el delito del feminicidio quedara en el marco legal hondureño y el Congreso Nacional reformara el 21 de febrero del 2013 el Código Penal para su tipificación con una pena de 30 a 40 años de cárcel, los movimientos feministas aseguran que esto es sólo una estrategia del gobierno para decir que se está haciendo algo, pero en realidad la situación no ha mejorado.
Violencia extrema
“La violencia contra las mujeres se expresa desde la discriminación y siempre va acompañada de violación sexual, mutilaciones, las violencias son específicas en el caso de las mujeres”, explica Dubón. “La violencia contra nosotras es extrema, además de todas las violencias que sufrimos las mujeres en lo privado y en lo público, llegamos al extremo del feminicidio, masacres de mujeres se dan y este gobierno no da respuesta. Hay un 97% de impunidad, no se judicializan los casos”.
Un informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a fines del 2013, refiere que al menos 3,613 mujeres perdieron la vida en forma violenta entre el 2000 y junio del 2013, y 50% de todos estos casos ocurrieron bajo el mandato del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).
La violencia doméstica es la forma de violencia contra la mujer más denunciada a nivel nacional asegura María del Carmen García de la no gubernamental Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF). Los casos son muchos pero el sistema de justicia no protege a la mujer aun cuando existen leyes encaminadas a disminuir este flagelo, señala.
Adalinda Hernández es una mujer indígena lenca que sobrevivió a la violencia doméstica y que hoy, a través de la Red de Mujeres de Marcala, trata de sacar de ese ciclo a muchas mujeres de su comunidad ubicada en el departamento occidental de La Paz y cuya cultura está profundamente enraizada en el sistema patriarcal.
“En la cultura lenca nos crecemos con la idea que los hombres son el centro de todo, así me crecí yo y cuando me casé lo primero que me dijeron fue que ese era el dueño de mi vida y si me tenía que dar azote pues yo tenía que aguantar”, explica Hernández.
Igualmente, las mujeres garífunas afrodescendientes en el Caribe hondureño aseguran que la violencia doméstica es un grave problema en sus comunidades, además de otro tipo de violencias que las afectan. La Organización La Esperanza de las Mujeres Garífunas de Honduras, que aglutina a mujeres de distintas comunidades, aborda la usurpación de su territorio por extranjeros, la violencia generada por el narcotráfico en esa parte del país y la falta de acceso a la salud, entre otras.
Modelo de atención integral
La violencia hacia las mujeres prevalece en los criterios discriminatorios y misóginos que están presentes cuando las mujeres o familias de las víctimas exigen justicia y se ven enfrentadas a la re-victimización al ser obligadas a relatar una y otra vez cómo fueron violentadas además de hacerlas responsables de la violencia ejercida por el agresor.
En ese contexto, el trabajo en procesos de prevención de la violencia basada en género que la UDIMUF realiza en el municipio de La Ceiba, en el Caribe hondureño desde hace seis años constituye un modelo que para las organizaciones de mujeres debiera extenderse a nivel nacional.
María del Carmen García, abogada UDIMUF, explicó a Noticias Aliadas que en esa localidad el procedimiento de denuncia por violencia en contra de una mujer se realiza a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la Secretaría de Salud y la red de organizaciones de mujeres para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a las víctimas.
Agregó que la Red contra la Violencia hacia la Mujer —conformada por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la UDIMUF, el Observatorio de la Violencia y organizaciones de iglesias—, lleva a cabo una auditoría a las instancias de denuncia y ejecución de justicia para que se lleven procesos respetuosos y justos a las mujeres.
“Es toda una estrategia de acompañamiento, demanda y denuncia en este tema. De manera conjunta se ha formado y sensibilizado y ahora también hacemos inspectoría de la Casa Refugio que depende de la alcaldía de La Ceiba porque queremos tener un espacio para garantizar la seguridad de las mujeres en un proceso penal”, precisó García.
Esta red se ha propuesto que el Modelo de Atención Integral (MAI) que por el momento funciona sólo en La Ceiba sea replicado en todo el país. Este modelo une al Ministerio Público, la Secretaría de Salud y la Corte Suprema de Justicia para que se ejecuten procesos judiciales que no revictimicen a las mujeres, como actualmente sucede en el sistema nacional.
Sin embargo aún hay muchos obstáculos para que este modelo se exporte a todo el país que van desde leyes arbitrarias hasta conflictos de las organizaciones de mujeres con las instituciones públicas que se agudizaron desde el golpe de Estado del 2009 que derrocó al ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009).
“Por ejemplo, en Honduras la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) es ilegal, y por esto no se ha podido establecer un protocolo de seguridad y salud integral para la atención de víctimas de violencia sexual ni siquiera con el MAI de La Ceiba”, asevera García. “Tiene que haber voluntad política de las instancias encargadas de la seguridad y la justicia en Honduras, ahora hay un proyecto de ley para que se impulse este modelo de forma nacional y esperamos se logre”.
Fonte: Jennifer Ávila. Notícias Aliadas. Publicado em 07 de março de 2014.
